PATINAZO EN ACEITE DE GIRASOL

Soria, ese hombre que nos iba a curar enfermedades como la diabetes gracias a un laboratorio en el extremo oriente, ha tropezado como un novato en la comunicación. Bueno, ya lo hizo cuando tuneó su propio currículo. El laboratorio no era tal, y los méritos investigadores del levantino, se habían torcido para presentarlos de una forma más sexy, que diría un británico.

Pero lo último ha sido lo más grave. Hoy nos dice Soria que se puede comprar aceite de girasol con tranquilidad. Pocos lo harán. Dice que en las estanterías de nuestras tiendas ya no existe el aceite ucraniano. Ese aceite se importa desde hace casi una década. El viernes teníamos un problema grave, y ahora por arte de birlibirloque, ha desaparecido. El mago Soria ha llenado España de inquietud y preguntas, y parece que no puede responder a todas.

Ha sido como lo de Moncloa, que organizó una rueda de prensa sobre el Playa de Bakio para hablar de ‘diplomacia' con un grupo de piratas, y para no responder a la pregunta de cuánto se ha pagado. Hemos negociado con piratas, para darles lo que pedían. La comunicación, vuelve a ser la gran trampa en la que cae una y otra vez Zapatero, esta vez con ayuda del mago de las células madre.

Sanidad pide que no se use aceite de girasol por una partida tóxica

España ha importado 125 toneladas del producto, que está contaminado con un derivado del petróleo
La Generalitat avisa de que hoy no deben quedar envases a la venta en los comercios catalanes

El Periódico.com, 26/4/2008

El Ministerio de Sanidad difundió anoche una alerta recomendando a los ciudadanos, a los restauradores y a los comercios españoles que "por precaución" no utilicen ni vendan aceite de girasol. Una partida del producto, importada de Ucrania y distribuida bajo marcas aún no identificadas a la mayoría de los países de la UE, está contaminada con hidrocarburos alifáticos, un derivado del petróleo y de la gasolina, tóxico en caso de consumo humano. A España han llegado 125 toneladas.El primer aviso partió la noche del miércoles de una empresa de aceites francesa que detectó el hidrocarburo en un proceso de autocontrol. El Gobierno francés lanzó el jueves una advertencia comunitaria, informando de que la contaminación afecta a 6.300 toneladas de aceite de girasol procedente de Ucrania, descargadas en el puerto de Rotterdam (Holanda) el pasado febrero y distribuidas a Italia, España, Alemania, Reino Unido y Francia.

La Conselleria de Salut informó anoche de que hoy sábado ningún comercio catalán debe tener ya a la venta aceite de girasol, y recomendó igualmente que quien lo almacene en casa deje de consumirlo hasta que se identifiquen las marcas implicadas. "Confiamos en que las empresas retiren el producto. Nuestros inspectores comprobarán que así ha sido", indicó Eduard Mata, director de la Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA).Ante la falta de concreción, Sanidad optó ayer por tranquilizar a quienes en los últimos meses han elaborado sus platos con este aceite, aunque pidió que se deje de utilizar el producto almacenado. Un portavoz de la aceitera Borges puntualizó que el aceite de girasol de esa marca no procede de Ucrania.

ESCUELAS Y HOSPITALES

El aceite de girasol es la base fundamental con que se fríen y cocinan los platos en los comedores comunitarios catalanes --escuelas, universidades, hospitales y geriátricos-- y en los bares y restaurantes. El aceite de oliva se reserva en todos esos ámbitos para las ensaladas crudas y, en algunos restaurantes, se mezcla en baja proporción con el de girasol. La población a quien se dirige la alerta del Gobierno es, por tanto, muy extensa."Si han consumido aceite de girasol desde febrero no deben preocuparse --afirmó un comunicado de Sanidad--. Los procesos de refinado y dilución del aceite sitúan la contaminación en niveles mínimos, lo que significa la ausencia de riesgo para la salud". "Si no lo han tomado, reténganlo hasta que se le informe de que puede consumirlo sin reservas", añadió la nota oficial.

El ministerio reunió anoche a las empresas importadoras de aceite de girasol, con el fin de conocer el destino del producto y para comprobar que la propia industria se está encargando de retirarlo del mercado, como es preceptivo. Las asociaciones de consumidores pidieron a Sanidad que se asegure de la rápida eliminación de este aceite de los comercios.

La Generalitat calificó este incidente de "muy grave", aunque insistió en que no deben inquietarse quienes han consumido recientemente este aceite. "Sería peligroso si se tomara toda la vida", dijo Mata."Este incidente demuestra que algo falla en las importaciones desde los países del Este --añadió el director de la ACSA--. El aceite ha entrado en la UE y lo hemos detectado una vez se había distribuido, cuando lo teníamos dentro. Es muy grave". Mata confió en conocer las marcas afectadas la próxima semana.

MENSAJES DE TELÉFONO

El Gremi de Restauradors de Barcelona se disponía a transmitir anoche mensajes SMS a sus afiliados, advirtiéndoles de esta circunstancia. "La mayoría de los restaurantes empleamos el 80% de aceite de girasol y el 20% de oliva --explicó Gaietà Farràs, presidente de la entidad--. El de girasol se usa para freir y cocinar. El de oliva se reserva para las ensaladas o mezclado, en pequeña proporción, cuando se cocina con el de girasol".Los hidrocarburos alifáticos son liposolubles, es decir, pueden quedar disueltos en la grasa de la propia alimentación. Esto reduce la capacidad tóxica en las personas.

Ciencia absorbe las universidades

El nuevo Gobierno: Garmendia toma control de las competencias de educación superior.

Lo intentó el PP hace ocho años, pero no funcionó. Ahora, la investigación y la tecnología vuelven a tener un ministerio propio, pero a diferencia de entonces, la nueva cartera de Ciencia e Innovación contará con las universidades. Zapatero le ha quitado a Educación una de sus principales patas. Las universidades realizan el 60% de la investigación que se hace en España y el PP las dejó fuera de su Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el que pasaron en cuatro años Anna Birulés, Josep Piqué y Juan Costa.

La nueva cartera creada por Zapatero tendrá a sus órdenes a más de 100.000 profesores y otros tantos investigadores de los organismos científicos vinculados a la universidad. Al frente de Ciencia e Innovación estará la doctora en Biología Cristina Garmendia (San Sebastián, 1962) que llega avalada por el nuevo titular de Industria, Miguel Sebastián, y tiene ante sí el reto de poner en pie una de los departamentos estrella de la legislatura.

Zapatero no ha ocultado su especial fe en este proyecto. Espera que la investigación científica y tecnológica contribuya a que la economía crezca "más y mejor". La transformación del país requiere soltar el lastre del ladrillo y coger el tren del conocimiento para aportar sus resultados al sistema productivo y, especialmente, a la iniciativa privada.

Ciencia e Innovación abarcará competencias que hasta ahora estaban en manos de Educación o Industria. Bajo su coordinación estarán los grandes organismos que trabajan por la ciencia y la tecnología, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) o los centros de astrofísica, oceanografía o geominería.
Emprendedora, entusiasta, creativa, innovadora y ambiciosa en los proyectos. Así definen sus colaboradores a Carmen Garmendia. Licenciada en Biología, fue profesora de genética en la Universidad Autónoma de Madrid y se doctoró de la mano de la científica Margarita Salas. Fundó el grupo Genetrix -pionero en el sector de la biotecnología y las células madre- del que dependen empresas como Biobide, dedicada a experimentar herramientas de diagnóstico y a testar fármacos. A diferencia de la tradicional investigación con ratones, la compañía utiliza en sus experimentos un animal bien distinto: el pez cebra. Garmendia preside la fundación Inbiomed, que aspira a ser uno de los principales centros de medicina regenerativa del mundo y pertenece a la junta directiva de la CEOE.

El impulso de la Investigación, el Desarrollo y la innovación (I+D+i) y la productividad son objetivos del nuevo ministerio. En el plano legislativo tiene ante sí el desarrollo de la Ley de la Ciencia y de la Ley Orgánica de Universidades. Además, deberá concluir antes de 2010 la reforma de las carreras para adaptarlas al espacio europeo universitario.
Uno de los pocos peros que ayer se escucharon acerca de la nueva ministra es su "desconocimiento" sobre la realidad de las universidades, pese a que ha trabajado en coordinación con ellas. "No conoce a fondo sus problemas", comentaron fuentes de la comunidad universitaria.

Tanto los rectores como los investigadores aplaudieron la creación del nuevo ministerio. "Es un buen mensaje", opinó el presidente de los rectores, Ángel Gabilondo. "La universidad debe estar con la investigación, la innovación y los recursos", añadió. El presidente del CSIC, Carlos Martínez, apuntó que el nuevo ministerio generará conocimiento para trasladarlo a la iniciativa privada. Aspira a "fomentar la cooperación entre universidades y a luchar contra la fragmentación y las duplicidades en el campo de la investigación", agregó.

Quienes conocen a Garmendia niegan que sea el "cupo vasco" en el Gobierno. "Es profundamente universal", dice Martínez. Su biografía avala la afirmación. Nació en San Sebastián, cursó Biológicas en Sevilla, vive en Madrid y ha trabajado en Chile, Argentina y Mozambique.

El Pais, ed. impresa
R. G. GÓMEZ / S. P. DE PABLOS - Madrid - 13/04/2008

La singularidad de la Salud Pública

TRIBUNA: ANDREU SEGURA

Uno de los cambios más destacados de la reciente reorganización administrativa de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha sido la fragmentación de las funciones y responsabilidades de la antigua Dirección General de Salud Pública entre distintos órganos de dirección, de forma que desaparece como tal. Los decretos que regulan estos cambios no incluyen explicación alguna de los motivos que han llevado a los responsables políticos a tomar esta importante decisión, lo cual da pie a suposiciones que tal vez sean erróneas. De modo que, en lugar de conjeturas sobre eventuales restricciones económicas que no parece que impliquen ahorros sustantivos, hipotéticas ineficiencias o supuestas discrepancias ideológicas acerca del papel de la salud pública en el sistema sanitario público madrileño, quizá valga más la pena plantear qué es lo que puede perderse al disminuir el rango político de la salud pública.

Pero antes debe saberse que Madrid no es la única Administración sanitaria autonómica que ha tomado una decisión como ésta. En algún momento otras autonomías han explorado esta posibilidad, aunque, como ocurrió en Aragón, luego se volviera atrás. No obstante, hace casi un año, tras la promulgación de la Ley de Salud de Extremadura, el posterior decreto que establecía la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Dependencia de aquella comunidad suprimió la dirección general de marras. La iniciativa no tuvo mucho eco, a pesar de que a finales de agosto requirió una rectificación por parte de la Consejería de Administración Pública y Hacienda dado que algunas competencias huérfanas hubieron de reubicarse en el organigrama.

Sin desmerecer la trascendencia de la decisión extremeña de la que, por cierto, convendría analizar sus efectos, la iniciativa de Madrid es de mayor impacto. No sólo porque se trata de la tercera comunidad española desde el punto de vista demográfico, sino también por su papel como referente, que en el ámbito específico de la salud pública ha sido especialmente destacado, entre otras cosas, porque en Madrid se ha desarrollado una red periférica de centros propios de salud pública, más allá de la reminiscencia de las vetustas jefaturas provinciales de sanidad, si bien desde otras comunidades como Valencia y Cataluña se llevan a cabo iniciativas que refuerzan las instituciones de la salud pública.

¿Qué se puede perder, pues, con la desaparición de la Dirección General de Salud Pública? En primer lugar, protagonismo y claridad, las facilidades que un nivel suficiente de representación otorga para reconocer mejor las contribuciones a la mejora de la salud de la población, tanto directamente como a través de una más intensa y relevante colaboración con el conjunto del sistema sanitario. En segundo lugar, integración entre funciones y competencias, como la vigilancia de la salud y la epidemiología, la protección y la promoción de la salud colectivas.

Claro que el hábito no hace al monje y no asegura el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. Claro que también el papel de la salud pública en el sistema sanitario español ha sido hasta el momento bastante marginal y su influencia menguada. Pero rebajar su nivel representativo podría significar una mayor marginación y aun más, obstaculizar la necesaria reacción de la sanidad española frente al consumismo y la medicalización. A esta reorientación podría contribuir decisivamente una salud pública vigorosa, dado que es el único componente del sistema sanitario que tiene como objetivo explícito la salud de la población en su conjunto que, conviene remarcar, no es la simple suma de la salud de las personas que la constituyen.

El simple mantenimiento de las direcciones generales no garantiza desde luego esta adaptación, sino que requiere una revitalización enérgica en términos de responsabilidades y competencias y de exigencia de calidad profesional, algo que parece más fácil de conseguir mediante instituciones capaces de influir en el diseño y la ejecución de las políticas de salud y de las políticas sanitarias. Todo ello sin olvidar el papel específico de la salud pública en la protección colectiva de la salud, argumento que resalta el comunicado de los trabajadores y profesionales madrileños que han manifestado su preocupación y alarma frente a la medida. La pérdida de influencia de la perspectiva poblacional lleva a que las actividades colectivas de protección y de promoción de la salud se desarrollen desde otros ámbitos, como ha pasado ya con muchas responsabilidades de la higiene y el saneamiento ambiental, a pesar de ser determinantes principales de la salud de la población y de haber sido las actividades originarias del salubrismo.

Los clásicos consideraban que, dado su objeto que es toda la población, la salud pública debería acoger al conjunto de los componentes del sistema sanitario y no verse reducida a una simple rama. Una reivindicación más bien utópica en los tiempos que corren. Sin embargo, distinguir suficientemente su singularidad en el conjunto de la sanidad no sólo parece posible, sino también deseable. El valor añadido que hay que exigir a la salud pública lo justifica.

Andreu Segura es profesor de Salud Pública de la UB y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). asegurabene@ub.edu


El Pais, Edición impresa, Salud 22/04/2008

No se puede aceptar que el 40% de los jóvenes dejen los estudios en ESO

ELPAIS.com
Edición impresa
Cataluña, Barcelona - 22/04/2008

Maragall: "No se puede aceptar que el 40% de los jóvenes dejen los estudios en ESO"

El dinero destinado a educación "no es un gasto, es una inversión". El consejero de Educación, Ernest Maragall, quiso dejar clara ayer su posición en una conferencia en el Círculo de Economía ante empresarios, docentes y profesionales, en un momento en el que el frenazo económico está haciendo caer los ingresos públicos y amenazando con recortes de gasto.

La desaceleración económica puede ayudar, según Maragall, a que muchos jóvenes dejen de estudiar y se pongan a trabajar atraídos por un primer sueldo.
Maragall destacó que el tripartito ha aumentado la inversión en educación el 68% en cuatro años. Ahora es de 4.891 millones de euros en los presupuestos de la Generalitat. El gasto por alumno ha pasado de 2.832 a 4.088 euros.

El número de jóvenes que logran graduarse en ESO ha aumentado ligeramente, aunque dista de ser satisfactorio. "No podemos aceptar que el 40% de los jóvenes no sigan estudiando más alla de ESO, ni bachillerato ni formación profesional", afirmó Maragall. "Ni que sólo el 72% de los alumnos acaben ESO. Aunque hemos mejorado algo, no es suficiente", remachó.

Maragall tiene ya listo el borrador de la primera ley educativa catalana, que negocia con los otros dos socios de Gobierno del PSC: ERC e ICV. El texto verá la luz probablemente la próxima semana. "Necesitamos una ley de país, un gran consenso social.

Más becas y conciertos

Entre las medidas que incluirá la futura ley de educación está potenciar las becas. Se trata de "facilitar que los estudiantes compaginen los estudios y el trabajo" para ayudarles a que sigan estudiando más allá de la educación obligatoria, que acaba a los 16 años. También se hará un esfuerzo en la concesión de becas para familias con rentas bajas.

Otra cosa que garantizará la futura ley será "la suficiencia de recursos para los centros" concertados. El sector de centros concertados dice que el módulo que les paga ahora la Generalitat no cubre ni el 70% del coste de la enseñanza. El consejero señaló que este tema quedará recogido en la ley y luego habrá que ver si la suficiencia se hace en uno, dos o más años. "Y eso será compatible con fortalecer la escuela pública", añadió.