Por el diálogo de las lenguas

De nuevo, un manifiesto crítico con la política lingüística está suscitando en Catalunya un debate que no lleva a ninguna parte. La cascada de artículos que descalifican, sin más, al citado manifiesto, la emprenden contra ideas que en él no se expresan, es decir, utilizan la vieja falacia de deformar las razones del contrario para entonces refutar cómodamente lo que no se ha dicho.

Con ello, por un lado, se hace un flaco favor a la racionalidad, ya que se niega la posibilidad de entender los motivos de la otra parte y se impide argumentar en serio para llegar a consistentes acuerdos o desacuerdos. Por otro lado, al tergiversar las afirmaciones ajenas, se informa mal a quienes leen los textos del debate, ya que se les induce a creer que la otra parte sostiene unas posiciones, cuando, en realidad, sostiene otras muy distintas. Ello se agrava cuando al lector de periódicos no se le ha suministrado el texto origen del debate, con lo cual la información es incompleta para que este lector pueda formar libremente su criterio, tras escuchar las razones de unos y otros. No estaría mal o, mejor dicho, estaría muy bien, que la cosa no acabara aquí y, tras las vacaciones de verano que todos estamos anhelando, representantes cualificados de ambas partes sostuvieran un diálogo abierto, público y razonado, sobre esta cuestión: el resultado seguramente sería positivo para todos. Al menos, se podría saber de qué estamos hablando y cuáles son las razones de unos y otros.

No estaría mal o, mejor dicho, estaría muy bien, que la cosa no acabara aquí y, tras las vacaciones de verano que todos estamos anhelando, representantes cualificados de ambas partes sostuvieran un diálogo abierto, público y razonado, sobre esta cuestión: el resultado seguramente sería positivo para todos.

Al menos, se podría saber de qué estamos hablando y cuáles son las razones de unos y otros. Sin embargo, no soy optimista: en otras ocasiones se ha buscado este ámbito de reflexión y nunca se ha logrado. Intentarlo una vez más, de todas formas, valdría la pena.

Leído el manifiesto, y habiéndolo suscrito a pesar de que, efectivamente, hay algunas imprecisiones que deberían aclararse, creo que en él se trata, básicamente, del significado y el alcance de la cooficialidad de las lenguas en las comunidades autónomas bilingües. Una lengua oficial es aquella que utiliza un poder público para dirigirse a los ciudadanos y a los demás poderes públicos. No hay que mezclar en ello misteriosas cuestiones identitarias. Simplemente hay que buscar el entendimiento entre personas: que los ciudadanos reconozcan como suyas a estas instituciones por el hecho de hablar en su propia lengua, es decir, en su lengua habitual.

Sin embargo, no soy optimista: en otras ocasiones se ha buscado este ámbito de reflexión y nunca se ha logrado. Intentarlo una vez más, de todas formas, valdría la pena.

Por ello nuestra Constitución sentó tres principios básicos: uno, que el castellano es lengua oficial en todo el territorio de nuestro Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo; dos, que los estatutos de autonomía establecerán, en su caso, otras lenguas oficiales, es decir, cooficiales, en su ámbito territorial; tres, que las distintas lenguas serán objeto de respeto y protección por constituir un patrimonio cultural común. Estos tres principios son una buena base para que establezcamos unas políticas lingüísticas en las que todos - se entiende, una gran mayoría- nos pongamos de acuerdo. Para ello es imprescindible que actuemos según un principio general del derecho que se presupone en todos los contratos: el principio de buena fe. Por ello decía antes que sería un buen instrumento para llegar a este acuerdo que los protagonistas de las partes hoy enfrentadas - los autores del manifiesto y sus detractores- dialogaran entre sí en lugar de descalificarse sin atender las razones del otro.

Teniendo como punto de partida los razonables principios constitucionales antes citados, creo que ambas partes deberían ponerse de acuerdo sobre una misma filosofía de fondo: el bilingüismo es algo bueno y positivo, es una gran suerte nacer y vivir habitualmente en una sociedad bilingüe, una sociedad en la que desde pequeño, con naturalidad, sin esfuerzo, se puedan aprender dos lenguas. Me considero perfectamente bilingüe. ¿En qué momento aprendí catalán y castellano? No lo sé, sinceramente. Solo sé que los aprendí en la primera infancia sin darme cuenta y que los he hablado indistintamente a partir de entonces. Además, ello me ha servido para aprender otras lenguas con mucha mayor facilidad que aquellos que han sido monolingües durante su infancia y juventud.

También pienso que el ideal es tener, por ejemplo, un padre inglés, una madre alemana, pasar la infancia en París (o Pekín) y la juventud en Barcelona. He conocido casos semejantes: hablan (o entienden) perfectamente varias lenguas sin esfuerzo alguno, sin las inútiles clases de idiomas que duran toda la vida. La España monolingüe y la España bilingüe deben hacer un esfuerzo de comprensión mutua, sin encastillarse cada una en sus razones, con lealtad y buena fe. Tan absurdo es que en Catalunya no se rotule en catalán como que el Instituto Cervantes sólo se encargue de proteger y difundir el castellano. Antes que un signo de identidad, la lengua es un instrumento de comunicación. Si se considerara así, todo sería mucho más sencillo de lo que ahora parece. Como dice el manifiesto, el castellano es la lengua común en España, la que sirve para que nos comuniquemos todos los españoles. También en Catalunya tenemos, además, otra lengua común, el catalán, para que nos comuniquemos todos los catalanes. Tan claro como el agua.

F. DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB
La Vanguardia, 17/07/08

El Manifiesto

Con el respaldo inicial de un grupo de destacados intelectuales y el posterior de cientos de miles de firmas, Fernando Savater ha hecho público un manifiesto sobre la paradójica situación en que se encuentra el español (o el castellano) ante la presión desarrollada desde hace una década sobre su presencia institucional en las "nacionalidades históricas". Amén de su vocación de incidir sobre el legislador, el escrito, como todos los del filósofo, presenta argumentos y conclusiones con voluntad de rigor, y por consiguiente debiera servir para poner en marcha un debate ilustrado sobre un problema que está ahí. Pero a la vista de lo sucedido, existen pocas posibilidades de que ello tenga lugar. De un lado, un nutrido grupo de entusiastas, individuos, medios y organizaciones, ha optado por servirse del manifiesto a modo de ariete para la enésima descalificación del Gobierno, ofreciendo así un estupendo pretexto para que en respuesta el alegato sea satanizado en cuanto instrumento de la derecha. Así, en estas mismas páginas, un columnista ha aludido a su papel de "versión castiza de los Protocolos de Sión". En círculos culturales próximos al Gobierno, la consigna fue no entrar en el fondo, alabar de pasada las políticas lingüísticas según el patrón catalán y, como conclusión, denunciar sin más "la endeblez" o "los errores" del manifiesto. Zapatero y la vicepresidenta pusieron la guinda, con su habitual receptividad ante las críticas: el manifiesto de defensa de la lengua es la Constitución y plantear ahora el problema del español equivale -en sentido reaccionario, claro- a la pasada exaltación popular de la bandera.

Acierta el presidente al mencionar la Constitución, porque en una manipulación torticera de las referencias en la ley fundamental a "la lengua oficial del Estado" y a las otras lenguas se encuentra la raíz del proceso mediante el cual la primacía legal de la primera ha sido subvertida desde los nacionalismos, colocando por delante "la lengua propia". La política lingüística se ha convertido, con creciente intensidad, en instrumento de la política sin más de signo nacionalista. Y para comprobarlo, dejémonos de falacias sobre las virtudes de un bilingüismo asimétrico en el cual ni sus propagandistas creen. En ningún país europeo la promoción de una lengua regional o nacional minoritaria tiene lugar partiendo de la "inmersión" en zonas donde la única lengua hablada hasta entonces era la nacional de Estado. En ningún país europeo son promulgadas normas que, hasta ahora en Cataluña, pronto en Euskadi, llevan a multar con reiteración y eficacia a quien prefiera rotular su negocio en la lengua "oficial", si no incluye la "propia". En ningún país europeo, si yo soy ciudadano residente en Madrid, y como tal trato con una Administración (ejemplo Baleares) que tiene en vigor el bilingüismo, recibo las comunicaciones exclusivamente en catalán. Si lo entiendo, que es el caso, bien; si no, busquemos el traductor. Absurdo.

Todo esto no responde a la voluntad de consolidar sociedades bilingües, sino a relegar el castellano a una posición subalterna, paso previo para proceder en los discursos independentistas a su exclusión de la esfera oficial, como debieran saber el Gobierno y sus intelectuales si hacen el esfuerzo de leer la prensa, y reflexionar luego sin someterse a las consignas tan miopes como autoritarias de ZP. ¿Es ello deseable, salvo para garantizar al PSOE una franja de votos nacionalistas? Dudoso. Como en el caso de las selecciones deportivas, se trata de utilizar aspectos culturales y simbólicos para generar, unos conscientemente, otros, los socialistas, por seguidismo, una quiebra en los equilibrios trabajosamente conseguidos durante la Transición. La normalización lingüística en Cataluña es hoy un hecho, y basta para constatarlo recorrer el país y leer las estadísticas. En Euskadi, el obstáculo es endógeno, el imposible euskera, y en Galicia, la recuperación del gallego avanza. El español gozará de buena salud en el mundo, pero no en las universidades catalanas. ¿Por qué renunciar a la vía de la promoción en vez de potenciar de forma larvada la lucha de idiomas, que no otra cosa muestra la resistencia numantina a la tercera hora del castellano? Claro que no se ha conseguido que los catalanes prefieran leer Avui a La Vanguardia: aquí y en otros sectores, cuestión de calidad y de libertad de elección a respetar.

¿Por qué no pensar en una España plural donde se hable y escriba en catalán, gallego y euskera, al mismo tiempo que en castellano, en papel de denominador común, sin hacer del idioma a costa de los ciudadanos el as en la manga al servicio de los independentismos o de oportunistas en busca de votos? En el marco de la Constitución, el tema merece un tratamiento técnico, no político, ni de políticos disfrazados de lingüistas.

ANTONIO ELORZA 12/07/2008

El País, Edición impresa

No son las lenguas, es la libertad

No resulta sorprendente que los «críticos» con el Manifiesto por la Lengua Común nos reprochen algo que el texto en cuestión no dice en ninguna parte: que el español esté en peligro y requiera de una defensa política. Pero ya es sabido que, en España, la forma más habitual de «criticar» una idea es tergiversarla todo lo posible. Repitamos algo que han entendido sin ninguna dificultad los más de ciento cincuenta mil ciudadanos que ya han firmado el Manifiesto, eso que Iker Casillas expresó mejor que docenas de supuestos «intelectuales críticos»: lo que el Manifiesto defiende es la libertad de elección de lengua en las comunidades españolas bilingües -y, por tanto, el bilingüismo voluntario-, y el valor insustituible de la disposición de una lengua común que saben -o sabían- la práctica totalidad de los ciudadanos de España. Eso es todo. Y es tan claro y evidente que más bien hay que preguntar a los disconformes qué es lo que proponen ellos. ¡Por diálogo y debate, que no quede!

Insistamos: el Manifiesto reclama que se cumplan las previsiones constitucionales en materia de cooficialidad, progresivamente ignoradas en Cataluña, País Vasco, Galicia o Baleares, y que los ciudadanos allí residentes, habitual o temporalmente, puedan elegir en qué lengua quieren escolarizar a sus hijos y cuál prefieren para relacionarse con las instituciones, además de no ser discriminados con excusas lingüísticas cuando quieren acceder a un puesto de trabajo público o tener contratos con la administración, ver la televisión autonómica o, sencillamente, entender los impresos de hospitales y universidades. Es muy sencillo conseguirlo: basta con ofrecer una educación bilingüe y que los formularios, comunicaciones e indicadores públicos también lo sean.
Los partidarios de las políticas de «normalización lingüística», que no son sino ataques a la democracia porque restringen libertades básicas y crean obligaciones arbitrarias, no son sólo nacionalistas. A estos, que simplemente no tienen remedio ni idea decente alguna sobre lo que es la democracia, se unen numerosos españoles con ideas políticas oportunistas o inexistentes, o sencillamente descabelladas. Comencemos por éstos.

Algunas almas bellas sostienen que como el castellano o español disfruta de magnífica salud, no es necesario esfuerzo alguno para defenderlo, mientras que sí es necesario proteger legalmente a las lenguas cooficiales: catalán, gallego y eusquera. Estos espíritus simples se afilian a la tesis de que bastante castellano tienen ya en sus vidas los escolares catalanes, gallegos o vascos, de modo que lo aprenderán solitos de modo natural, mientras que todo el esfuerzo educativo debe centrarse en la lengua cooficial, que muchos ignoran porque no es la suya materna (y que muchos comienzan a detestar, aunque esta es otra historia). Confundir la adquisición espontánea de una lengua con su estudio es similar a creer que es igual contar con los dedos que saber matemáticas -y es una barbaridad, aunque la acepten Suso de Toro y otros semejantes-. Es, en definitiva, aceptar que el analfabetismo funcional en la lengua común es un gran progreso educativo.

El problema de fondo que articula todo el Manifiesto es que las medidas políticas de «protección de lenguas», como las que padecemos en la España periférica afectando casi a 16 millones de ciudadanos, son ilegítimas en sí mismas. Primero, porque las lenguas no son sujetos políticos ni personas jurídicas; y segundo, porque esa protección impropia acaba lesionando gravemente derechos elementales de los ciudadanos. Por ejemplo, el derecho a una buena educación, y desde luego la libertad de elección de lengua. Cualquier política lingüística que vaya más allá de hacer posible un bilingüismo institucional que garantice a todos el derecho a elegir la lengua en que desean comunicarse con la administración y sus servicios sociales es, sencillamente, una política que abandona el mundo de la democracia para adentrarse en el piélago del totalitarismo. La consecuencia es que producimos jóvenes cuasi-analfabetos funcionales en la lengua mayoritaria y oficial de su país, y sólo para complacer las mitomanías nacionalistas, y que creamos categorías distintas de ciudadanos al convertir la lengua en un instrumento de exclusión de los disidentes ideológicos y de los extranjeros.

Desde luego, es inútil empeñarse en que los nacionalistas no sean lo que son. Hay que mantenerlos a raya y oponerse a sus incansables intentos por sobrepasar en todos los sentidos los límites infranqueables de un sistema político sin otra justificación que garantizar la igualdad y libertad personal de los ciudadanos. A quienes hay que pedir cuentas es a los que dicen no ser nacionalistas y, sin embargo, apoyan su guerra contra el libre empleo de la lengua común, precisamente para cargarse la comunidad política llamada España. Es obvio que si los nacionalistas consiguen que las nuevas generaciones consideren el español una lengua extranjera, o todavía menos que eso si se le dedica menos tiempo que al inglés -como quiere el president Montilla-, quizás también consideren a España un Estado invasor y, en todo caso, extranjero.
El PP se ha sumado en masa al Manifiesto; habrá que pedirle, pues, que rectifique los abusos lingüísticos de los que ha sido el principal responsable político cuando gobernaba en Galicia y Baleares, y los que se siguen cometiendo en Valencia. Pero, ¿qué hacemos con un PSOE que acaba de aprobar una resolución diametralmente opuesta al Manifiesto? Y, por cierto, mediante un texto repleto no sólo de vacuidades y falacias, sino pésimamente escrito (signo de que, quizás, sí haya que «defender» al castellano en algunos ambientes...). Al menos habrá que decir bien alto y claro a los socialistas que su política se basa en una ficción jurídico-política impresentable, a saber, los «derechos» de las lenguas y de los territorios. Y falsos derechos impuestos, además, a costa de los únicos reales: los de las personas, contadas una a una. La perspectiva socialista sobre el problema del uso de las lenguas en la España bilingüe está mucho más cerca de las típicas del nacionalismo fascista que de otra cosa. Defender que la inmersión lingüística practicada en Cataluña, por ejemplo, resuelve problemas de convivencia porque impide que haya dos comunidades lingüísticas distintas es semejante a sostener que lo mejor es que haya un partido político único, porque así la sociedad estará menos dividida y las elecciones serían más armoniosas. Como en Cuba o en la España de Franco.

Esta caída socialista en el peor de los derechismos, el de anteponer abstracciones como lengua y territorios eternos a personas y sociedad libre, no es sólo una muestra elocuente de la senilidad ideológica del PSOE y de la izquierda tradicional española, sino una señal de alarma de los graves riesgos degenerativos que afronta la democracia española. Porque cada vez que alguien, en nombre del «futuro del catalán» o de cualquier otra lengua cooficial, pretende recortar mediante leyes y reglamentos ad hoc el derecho elemental a elegir cuál de las dos lenguas oficiales quiere uno usar, lo que se está haciendo ya no es política democrática, sino una ingeniería social que, para diseñar una sociedad distinta según determinado proyecto ideológico, exige violentar progresivamente la libertad de las personas, restringida mediante innumerables reglamentos y sistemas de vigilancia y castigo que imponen opciones no queridas, desde prohibir a los escolares usar la lengua común a multar a los comercios que no atiendan en eusquera o catalán. ¿Es este el país dictatorial y antiigualitario que queremos?

CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN, Profesor de la Universidad del País Vasco
http://www.abc.es/20080711/opinion-editorial/lenguas-libertad_200807110410.html